POLICÍAS COMUNITARIAS: ¿MANIFESTACIÓN DEL HARTAZGO SOCIAL, O ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE?
Con el retorno del PRI a los Pinos, se cierra un círculo en la espiral de violencia y terrorismo de Estado para abrirse otro en donde “nuevas” modalidades y formas de ejercer esa violencia y terrorismo de Estado se pondrán en marcha, bajo las “nuevas” circunstancias políticas, bajo el clásico discurso del priismo, pero siempre en atención a las exigencias de la oligarquía tanto nacional como transnacional. La institucionalización de lo que de facto se venía aplicando ahora será la ruta a seguir, es el caso de los grupos paramilitares a quienes con el retorno del PRI a los Pinos se reestructurará y dotará de “legalidad”, se pretenderá institucionalizar como parte del Estado policiaco- militar.
Estos grupos paramilitares con Fox y sobre todo con calderón como parte de la contrainsurgencia impulsada desde el pentágono se promovieron desde los cuerpos represivos, ejército, marina, y la policía federal; organizados, estructurados y dirigidos por oficiales del ejército y la marina, grupos paramilitares que hay que sumarles a los que crearon los empresarios bajo la misma
lógica, estructura y dinámica, que para coberturar su accionar se creó el fetiche de la delincuencia organizada y así emergieron los “cárteles” como “los zetas”, el “cártel del golfo”, “los matazetas”, “Jalisco nueva generación”, “la familia michoacana”, “los templarios”, entre muchos otros, todos bajo la lógica del paramilitarismo y el terrorismo de Estado.
Su objetivo principal: infundir el terror a través de asesinatos extrajudiciales, de masacres tumultuarias, del llamado “cobro del derecho de piso”,... para crear un escenario de “inestabilidad”, “ingobernabilidad”, de tal manera que al gobierno en turno le permitiera justificar “la guerra contra la delincuencia organizada” y con ello el terrorismo de Estado que se desató a la par del surgimiento de los míticos cárteles de la droga.
Ya de pasada y a río revuelto desestabilizar administraciones municipales o estatales que no pertenecieran ni al PAN ni al PRI, así gobiernos perredistas fueron objeto de la acción de estos grupos, o cayeron en la trampa urdida desde las cúpulas castrenses, en algunos lugares PRI y PAN se aliaron bajo esta lógica, no olvidemos el llamado “michoacanazo” que obedeció a esta lógica perversa. Probado está que a todos esos grupos míticos se les ha hecho propaganda hasta el sacio a través de los medios masivos de comunicación, esparciendo como pólvora la propaganda del paramilitarismo y la tesis de la militarización como condición de seguridad, paz y tranquilidad, es decir, el fetiche de la inseguridad.
La táctica y objetivos de estos grupos fue sembrar y difundir el terrorismo de Estado, expresado en los miles de asesinatos extrajudiciales que rebasa la horrorosa cifra de más de 136 mil asesinados, de los cuales el 90 por ciento no tiene nada que ver con la llamada “delincuencia organizada”, fueron masacrados impunemente en la completa indefensión por su condición social; los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada que alcanzaron la repugnante cifra de más de 60 mil que hoy quiere ser minimizada con una base de datos perversa que la reduce a 27 mil; los más de 150 mil detenidos, presentados como delincuentes por no contar con una defensa jurídica por falta de capital para sufragarla; los más de 1 millón dos cientos mil desplazados por la violencia del Estado encubierta ésta como delincuencia son los resultados y consecuencia de la aplicación de esta táctica contra insurgente.
Los saldos del terrorismo de Estado constituyen un genocidio contra el pueblo, el cual no ha concluido con la llegada de una administración priista, sólo está cambiando de táctica y de forma, las víctimas siguen siendo las mismas, jóvenes de barrios y comunidades pobres, que su signo de distinción es la pobreza y la indefensión social, política y económica en la que vivían.
La táctica para difundir el terrorismo de Estado fue crear el fetiche de la inseguridad, el fetiche de la delincuencia organizada para justificar la Guerra de Baja Intensidad (GBI), por tanto la tesis de que el narcotráfico y la delincuencia organizada constituye un fenómeno creado desde y por el Estado cada día cobra vigencia y relevancia, sólo los miopes políticamente hablando, los ingenuos y los apologistas del terrorismo de Estado se empeñan en seguir presentándolo como un fenómeno independiente y ajeno al Estado burgués, suponiendo cualquier otra posición como una opinión delirante.
El resurgimiento y surgimiento de las policías comunitarias en el plano nacional
Dentro de este contexto de paramilitarismo y terrorismo de Estado generalizado ha cobrado relevancia el resurgimiento de las policías, guardias o rondas comunitarias, donde en diferentes regiones del país han surgido manifestaciones de este fenómeno. Dos son las expresiones fundamentales de las policías, guardias o rondas comunitarias, una obedece a la lógica de la institucionalización del paramilitarismo y la militarización, otra un genuino esfuerzo y manifestación del hartazgo social, pero que por el contexto de violencia y terrorismo de Estado disfrazado de “delincuencia” está siendo arrastrada al espontaneísmo que finalmente conduce a la lógica del paramilitarismo institucional.
Para abordar el fenómeno de las policías comunitarias necesariamente tenemos que remitirnos a varios antecedentes que nos permitirán comprender el fenómeno en todas sus manifestaciones. Al respecto enumeraremos algunos de estos antecedentes:
1. Agua fría Oaxaca, donde para proteger los intereses de las empresas mineras transnacionales se armó a un grupo paramilitar coberturado bajo el comunalismo, para confrontarlos con los que protestaban contra la minería y protegían sus bosques y propiedad comunal, presentando esta agresión desde los medios de comunicación como una pugna intercomunitaria.
2. Sierra madre de Chiapas, paralelo a las concesiones de minas otorgados desde la federación, surgieron los grupos paramilitares formados por los empresarios mineros de origen canadiense para ahogar en sangre las protestas de ejidatarios y campesinos que se oponían al despojo de sus tierras. Resultado de ello son las desapariciones forzadas, los asesinatos extrajudiciales y los desplazamientos forzados.
3. Monterrey, Nuevo León y su zona conurbada, la formación de grupos paramilitares por empresarios regiomontanos para combatir a la “delincuencia organizada” formando a sus propios cuerpos que se encargarían de hacer el trabajo “rudo”, sólo que quienes lo conformaban eran consumados delincuentes.
4. Veracruz, La formación de grupos paramilitares estructurados y adiestrados por policías federales, marina y ejército federal para justificar los asesinatos extrajudiciales a nombre de los llamados “matazetas” cuyos miembros y comandantes eran policías en activo.
5. Zona norte de Veracruz, la aparición del grupo paramilitar “Guardia Civil Huasteca” o “Comando Civil de Defensa” en Tantoyuca y Platón Sánchez, organizados y estructurados por el ejército y la marina a través de empresarios y ganaderos de venia caciquil para justificar la militarización y la creación de un nuevo cuartel militar.
6. Michoacán, en la región tierra caliente, desde el 2000 es dominio público que se promovióeimpulsódesdela 43 zona militar con sede en Apatzingán la compra de armamento para que los pobladores de la región para que se “autoprotegieran”, resultado de ello es el paramilitarismo que campea por la región, organizado, estructurado y dirigido por la 43 y 21 zona militar, con sede en Apatzingán y Morelia respectivamente.
De estos seis brevísimos antecedentes podemos constatar que el paramilitarismo y la militarización han estado indisolublemente ligados como dos caras de un mismo fenómeno, la implementación de una política de terrorismo de Estado que obedece a una estrategia de Guerra de Baja Intensidad auspiciada desde las entrañas del imperialismo norteamericano, desde el mismísimo pentágono, para salvaguardar sus intereses, imponiendo a nuestro país su política belicista, convirtiendo a México en apéndice de su territorio, extendiendo sus fronteras hasta Guatemala.
El fenómeno de las policías comunitarias no escapa a esta lógica y realidad, directa o indirectamente está enmarcado dentro del contexto de la militarización y paramilitarización que se le ha venido imponiendo al país como parte de las exigencias de la oligarquía y del imperialismo estadounidense.
No obstante hay quienes sostienen que es “ridículo” comparar las guardias comunitarias con el paramilitarismo, porque según ellos, éstas emergen ante la violencia y extorciones de los “grupos delincuenciales”. Visto desde lo abstracto, desde lejos y de fuera aparentemente sí, pero es ahí precisamente donde está la trampa, ésta radica en que ahora bajo esa modalidad desde las cúpulas castrenses y policiacas se pretende readecuar al paramilitarismo a las nuevas exigencias de la oligarquía.
Para quienes estamos inmersos en el pueblo como parte de él, para quienes estamos lidiando con el toro, es claro el asunto y no mordemos el anzuelo. Para quienes ven los toros desde la barrera, puede que no alcancen a percibir con claridad las “modernas” pretensiones del Estado, pero éstas son fácil de escudriñar cuando se es analítico, un ser pensante y no un sujeto alienado que repite como loro los burdos argumentos que se vierten desde los monopolios de la comunicación.
La táctica contrainsurgente que se impulsa desde las cúpulas castrenses es la de “ganar las mentes y corazones”, la misma vieja táctica de GBI pero ahora readecuada a los “nuevos” tiempos y exigencias de la oligarquía.
Se trata ahora que desde las propias comunidades indígenas, desde las rancherías, y pueblos campesinos se exija la militarización, se implore a los cuerpos castrenses que se instalen ahí para que se les proteja, que se impulsen policías, guardias o rondas comunitarias organizadas, estructuradas y dirigidas por “ex militares”, “ex policías”, “ex marinos” y sean estos policías comunitarios los nuevos cancerberos del capital, los que garanticen la defensa de sus intereses oligárquicos, los que defiendan la inversión en minerías, los que garanticen el proceso de acumulación originaria del capital que se está gestando y el que se encuentra en ciernes con el retorno del PRI a los Pinos.
La lógica es simple, el paramilitarismo extrajurídico les ha sido útil para justificar la militarizaciónyelterrorismode Estado, pero ahora que el PRI ha retornado al poder político, requerirán de cambios cosméticos, institucionalizando el paramilitarismo e incluso elevarlo a rango constitucional para poder financiarlo con presupuesto del erario público, al tiempo que se deshacen de los grupos paramilitares incomodos o que se les están saliendo de control.
El caso Guerrero
Habrá que precisar que algunas comunidades indígenas y campesinas ya se venían rigiendo por esta figura de la Policía Comunitaria desde 1996 como expresión genuina de sus formas de organización, con la característica de que se mantuvieron al margen de la estrategiadecontrainsurgenciay con relativa independencia de los tentáculos del Estado burgués mexicano.
Aquí como en otros estados donde irrumpió públicamente nuestro partido y ejército, el PDPR-EPR en 1996, se implementó una intensa campaña de contrainsurgencia desplegada en varios frentes, a través de los programas gubernamentales, por medio de la infiltración y cooptación de los militantes y combatientes de nuestro partido y ejército, con el paramilitarismo vía el narcotráfico, en fin, por todos los medios, con el propósito de restarle base social y política al movimiento armado revolucionario como primer paso para poder aniquilarlo, en palabras de ellos se trataba de “quitarle el agua al pez donde se mueve” .
Poniendo mayor énfasis en aquellas zonas o regiones donde sospechaban teníamos base política, así costa chica, costa grande y la montaña alta fue el escenario de la militarización y paramilitarización, del despliegue contrainsurgente a través de los programas asistenciales y las fundaciones del falso altruismo.
Resultado de esta política y estrategia de contrainsurgencia fue la dispersión y atomización del movimiento popular, la generalización del paramilitarismo a través del fenómeno del narcotráfico, la acentuación de la pobreza y miseria, desde luego la generalización de la descomposición social expresada en drogadicción, prostitución, violencia, enajenación...
Durante todo este tiempo los asesinatos de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos,departidariosdela revolución, de campesinos, de indígenas, de jornaleros agrícolas, de obreros y periodistas, no cesó, por el contrario se intensificó con la característica de que siempre se trató de justificar los asesinatos y desapariciones forzadas vinculándolas al fenómeno del narcotráfico.
Una vez creado el escenario del fetiche de la inseguridad, afianzado el terrorismo de Estado se pretende ahora institucionalizar al paramilitarismo y la militarización bajo la modalidad de las policías comunitarias, auspiciando este fenómeno desde las cúpulas castrenses, con el claro propósito de restarle legitimidad a las policías comunitarias ya existentes y que no están bajo su control, al tiempo que se institucionaliza el paramilitarismo y la militarización.
El caso de Michoacán
Desde 1996 cuando varias columnas guerrilleras pertenecientes a nuestro partido y ejército hacen acto de presencia en varias regiones del estado como en la meseta p’urhépecha, la depresión del Balsas, la región de tierra caliente, el bajío y la CiénagadeZacapu,lasfuerzas castrenses se han venido empeñando en restarnos base política, en infiltrar a las fuerzas de la revolución, en justificar la militarización, en generalizar la paramilitarización, en fin, en aplicar las tácticas y estrategias contrainsurgentes de GBI.
Para ello se han apoyado ampliamente en el paramilitarismo, auspiciándolo directamente desde la 21 y 43 zona militar con sede en Morelia y Apatzingán respectivamente, fue en la región de tierra caliente donde mayor eco tuvo sus incitaciones al paramilitarismo, en donde lograron concretar una estructura paramilitar que hoy asola a la región con el auspicio y aval del ejército y la marina.
En la región de la meseta p’urhepécha, el bajío y la ciénaga de Zacapu el ejército a través del permutado 37 batallón de infantería instalado en Zamora se creó y estructuró una red de inteligencia y contrainsurgencia con ex militares, tanto oficiales como rasos, para que desde las comunidades donde se encontraban o de donde fueran originarios se informara de toda actividad, desde quienes eran ajenos a la comunidad y la visitaban, hasta quienes subían “al cerro”, “al monte”, de quienes se rumoraba tenían armas, es decir, de todo cuanto a sus ojos les parecía insurgente.
Como en su intento por infiltrar, ubicar y aniquilar a las fuerzas guerrilleras fracasaron estrepitosamente se enfocaron a fortalecer el paramilitarismo, es así como a finales de la primer década de este siglo tiene un repunte el paramilitarismo en el estado, orientado a generalizar el
terrorismo de Estado, a desestabilizar a las administraciones perredistas que gobernaban el estado, en una palabraaimplantarelterrorenla población, para que esta avale y legitime la militarización.
Principalmente los oficiales con grado de teniente hasta capitán fueron los que se enrolaron, o aceptaron de buena gana ser parte de esa red de inteligencia y contrainsurgencia que opera por regiones según el caso y la necesidad que tengan que resolver. Sujetos desclasados que suelen vivir sin trabajar, sin un trabajo verdaderamente productivo.
En la región de la meseta p’urhépecha para crear un escenario de inestabilidad se apoyaron en gente descompuesta y avariciosa que se prestó para ser parte del engranaje del paramilitarismo, a quienes después el propio ejército directa o indirectamente se encargó y se encargará de eliminar físicamente cuando ya no les fueron o les sean útiles.
Es el caso del “afamado” y “temido” Güero Cuitláhuac y su hijo “Benjamín” a quienes el ejército desde el 37 batallón de infantería patrocinó para que asolaran Paracho, Cherán, Nahuatzen y la cañada de los once pueblos, y cuando estos sujetos ya no les fueron útiles los asesinaron, el primero a través de otros sujetos descompuestos que hoy son parte de las guardias comunitarias que piden se instalen bases de operaciones mixtas y cuarteles del ejército en la meseta P’urhépecha, el segundo directamente el propio ejército lo sacó de su casa para asesinarlo y dejar su cuerpo abandonado sobre la carretera, como hacen con muchos de los que aparecen como “ajuste de cuentas” entre carteles de la droga, sin embargo, constituyen asesinatos extrajudiciales, ¡Crímenes de lesa humanidad!
Paralelamente se fue trabajando lo de las guardias o policías comunitarias a través de ex oficiales del ejército quienes regresaron a sus comunidades a “sumarse” a los trabajos comunitarios, a realizar “trabajo comunitario”, a estar incitando a formar las guardias o rondas comunitarias, a promover la venta de armamento para la “defensa” de las comunidades indígenas.
Así es como surgen las policías o guardias comunitarias en Michoacán, organizadas, estructuradas, instruidas y dirigidas por ex oficiales militares con grado de teniente y capitán, verbigracia Cherán, “El tachiri” es quien adiestró y dirige operativamente a la policía comunitaria, un ex capitán del ejército que rendía parte al 37 batallóndeinfanteríainstaladoen Zamora, y permutado por el 17 que llegó de Tabasco al está adscrito, sujeto mantenido a bajo perfil en el Consejo de Keris (Consejo de Ancianos). El objetivo siempre ha sido desmovilizar la protesta en la meseta p’hurépecha.
Como vemos las policías o guardias comunitarias tienen patente y origen de Estado, a ello obedece que las “comunidades” que repudiaban la militarización ahora paradójicamente piden que se instalen las bases de operaciones mixtas, que se instalen cuarteles militares en sus comunidades, que exijan la militarización de sus territorios, que le impongan a las demás comunidades la militarización. A esta lógica obedecen las exigencias de que se “regulen” las guardias comunitarias.
En otros municipios de la meseta y el oriente donde pretenden concretar policías comunitarias también está detrás el ejército a través de “ex capitanes” o dicho en otras palabras capitanes en activo porque aunque “formalmente” se dieron de baja siguen trabajando para el ejército federal y en la nómina.
En la región de tierra caliente como no estaban ellos, los militares, detrás de las guardias comunitarias de la Ruana, procedieron inmediatamente a su detención y consignación bajo los cargos de portación de armas de uso exclusivo del ejército, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, delincuencia organizada y lo que resulte.
Más allá de si pertenecen o no a un “cártel de las drogas”, o si son una manifestación genuina del hartazgo social, claro está que estas guardias comunitarias no eran de la estirpe castrense, por eso inmediatamente los detuvieron. También claro está que a quienes se pretende criminalizar se les presenta como narcotraficantes, sicarios de tal o cual cartel de la droga y con ello inmediatamente son juzgados tanto mediática, política y jurídicamente violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia.
A manera de conclusión
La militarización y la paramilitarización constituyen parte de una misma estrategia de contrainsurgencia encaminada a legitimarelterrorismodeEstado y la aplicación de medidas de corte fascista; son la expresión del grado de polarización de la lucha de clases que se vive en el país, dentro de este contexto es que han surgido y resurgido las guardias, policías o rondas comunitarias en el plano nacional, con un doble propósito y pretensión, institucionalizar al paramilitarismo y legitimar la militarización.
No obstante como los fenómenos sociales siempre son complejos y nunca se puede generalizar, ciertamente hay manifestaciones de hartazgo social que impregnados por el espontaneísmo han querido organizar y estructurar sus propias guardias comunitarias, pero inmediatamente han sido hostigados, amenazados y hasta desaparecidos sus dirigentes directamente por el ejército y la marina, quedando de manifiesto que sólo aquellas que están orgánicamente vinculadas a los cuerpos castrenses y a los grupos empresariales serán permitidas, quienes no estén sujetas a sus directrices serán detenidas, enjuiciadas, encarceladas, o desaparecidas a modo de escarmiento, como quedó plenamente de manifiesto con la detención de la guardia comunitaria de Buenavista Tomatlan y Tepalcatepec en Michoacán.
Entonces ¿Cuál es la alternativa o ruta a seguir? Es válida y legítima la autodefensa de las masas, de las comunidades ypueblos,peroéstadebeestar absolutamente desvinculada de las estructuras gubernamentales, absolutamente independiente del Estado burgués y del actual estado de derecho oligárquico. La autodefensa armada de las masas debe ser impulsada pero no desde una perspectiva mediática, sino desde un proceso real de autodeterminación, de verdadera autodefensa.
Cabe aclarar que grupos de “defensa civil” o guardias comunitarias o como se les quiera llamar no tiene nada que ver con el planteamiento político que hacemos para enfrentar la violencia del Estado, la autodefensa de las masas trabajadoras, ésta constituye un conjunto de medidas políticas que garanticen la autoprotección individual y colectiva del pueblo. Pero esto es tema de otro artículo.
(Tomado de http://www.cedema.org/uploads/PDPREPRINS146.pdf )
Con el retorno del PRI a los Pinos, se cierra un círculo en la espiral de violencia y terrorismo de Estado para abrirse otro en donde “nuevas” modalidades y formas de ejercer esa violencia y terrorismo de Estado se pondrán en marcha, bajo las “nuevas” circunstancias políticas, bajo el clásico discurso del priismo, pero siempre en atención a las exigencias de la oligarquía tanto nacional como transnacional. La institucionalización de lo que de facto se venía aplicando ahora será la ruta a seguir, es el caso de los grupos paramilitares a quienes con el retorno del PRI a los Pinos se reestructurará y dotará de “legalidad”, se pretenderá institucionalizar como parte del Estado policiaco- militar.
Estos grupos paramilitares con Fox y sobre todo con calderón como parte de la contrainsurgencia impulsada desde el pentágono se promovieron desde los cuerpos represivos, ejército, marina, y la policía federal; organizados, estructurados y dirigidos por oficiales del ejército y la marina, grupos paramilitares que hay que sumarles a los que crearon los empresarios bajo la misma
lógica, estructura y dinámica, que para coberturar su accionar se creó el fetiche de la delincuencia organizada y así emergieron los “cárteles” como “los zetas”, el “cártel del golfo”, “los matazetas”, “Jalisco nueva generación”, “la familia michoacana”, “los templarios”, entre muchos otros, todos bajo la lógica del paramilitarismo y el terrorismo de Estado.
Su objetivo principal: infundir el terror a través de asesinatos extrajudiciales, de masacres tumultuarias, del llamado “cobro del derecho de piso”,... para crear un escenario de “inestabilidad”, “ingobernabilidad”, de tal manera que al gobierno en turno le permitiera justificar “la guerra contra la delincuencia organizada” y con ello el terrorismo de Estado que se desató a la par del surgimiento de los míticos cárteles de la droga.
Ya de pasada y a río revuelto desestabilizar administraciones municipales o estatales que no pertenecieran ni al PAN ni al PRI, así gobiernos perredistas fueron objeto de la acción de estos grupos, o cayeron en la trampa urdida desde las cúpulas castrenses, en algunos lugares PRI y PAN se aliaron bajo esta lógica, no olvidemos el llamado “michoacanazo” que obedeció a esta lógica perversa. Probado está que a todos esos grupos míticos se les ha hecho propaganda hasta el sacio a través de los medios masivos de comunicación, esparciendo como pólvora la propaganda del paramilitarismo y la tesis de la militarización como condición de seguridad, paz y tranquilidad, es decir, el fetiche de la inseguridad.
La táctica y objetivos de estos grupos fue sembrar y difundir el terrorismo de Estado, expresado en los miles de asesinatos extrajudiciales que rebasa la horrorosa cifra de más de 136 mil asesinados, de los cuales el 90 por ciento no tiene nada que ver con la llamada “delincuencia organizada”, fueron masacrados impunemente en la completa indefensión por su condición social; los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada que alcanzaron la repugnante cifra de más de 60 mil que hoy quiere ser minimizada con una base de datos perversa que la reduce a 27 mil; los más de 150 mil detenidos, presentados como delincuentes por no contar con una defensa jurídica por falta de capital para sufragarla; los más de 1 millón dos cientos mil desplazados por la violencia del Estado encubierta ésta como delincuencia son los resultados y consecuencia de la aplicación de esta táctica contra insurgente.
Los saldos del terrorismo de Estado constituyen un genocidio contra el pueblo, el cual no ha concluido con la llegada de una administración priista, sólo está cambiando de táctica y de forma, las víctimas siguen siendo las mismas, jóvenes de barrios y comunidades pobres, que su signo de distinción es la pobreza y la indefensión social, política y económica en la que vivían.
La táctica para difundir el terrorismo de Estado fue crear el fetiche de la inseguridad, el fetiche de la delincuencia organizada para justificar la Guerra de Baja Intensidad (GBI), por tanto la tesis de que el narcotráfico y la delincuencia organizada constituye un fenómeno creado desde y por el Estado cada día cobra vigencia y relevancia, sólo los miopes políticamente hablando, los ingenuos y los apologistas del terrorismo de Estado se empeñan en seguir presentándolo como un fenómeno independiente y ajeno al Estado burgués, suponiendo cualquier otra posición como una opinión delirante.
El resurgimiento y surgimiento de las policías comunitarias en el plano nacional
Dentro de este contexto de paramilitarismo y terrorismo de Estado generalizado ha cobrado relevancia el resurgimiento de las policías, guardias o rondas comunitarias, donde en diferentes regiones del país han surgido manifestaciones de este fenómeno. Dos son las expresiones fundamentales de las policías, guardias o rondas comunitarias, una obedece a la lógica de la institucionalización del paramilitarismo y la militarización, otra un genuino esfuerzo y manifestación del hartazgo social, pero que por el contexto de violencia y terrorismo de Estado disfrazado de “delincuencia” está siendo arrastrada al espontaneísmo que finalmente conduce a la lógica del paramilitarismo institucional.
Para abordar el fenómeno de las policías comunitarias necesariamente tenemos que remitirnos a varios antecedentes que nos permitirán comprender el fenómeno en todas sus manifestaciones. Al respecto enumeraremos algunos de estos antecedentes:
1. Agua fría Oaxaca, donde para proteger los intereses de las empresas mineras transnacionales se armó a un grupo paramilitar coberturado bajo el comunalismo, para confrontarlos con los que protestaban contra la minería y protegían sus bosques y propiedad comunal, presentando esta agresión desde los medios de comunicación como una pugna intercomunitaria.
2. Sierra madre de Chiapas, paralelo a las concesiones de minas otorgados desde la federación, surgieron los grupos paramilitares formados por los empresarios mineros de origen canadiense para ahogar en sangre las protestas de ejidatarios y campesinos que se oponían al despojo de sus tierras. Resultado de ello son las desapariciones forzadas, los asesinatos extrajudiciales y los desplazamientos forzados.
3. Monterrey, Nuevo León y su zona conurbada, la formación de grupos paramilitares por empresarios regiomontanos para combatir a la “delincuencia organizada” formando a sus propios cuerpos que se encargarían de hacer el trabajo “rudo”, sólo que quienes lo conformaban eran consumados delincuentes.
4. Veracruz, La formación de grupos paramilitares estructurados y adiestrados por policías federales, marina y ejército federal para justificar los asesinatos extrajudiciales a nombre de los llamados “matazetas” cuyos miembros y comandantes eran policías en activo.
5. Zona norte de Veracruz, la aparición del grupo paramilitar “Guardia Civil Huasteca” o “Comando Civil de Defensa” en Tantoyuca y Platón Sánchez, organizados y estructurados por el ejército y la marina a través de empresarios y ganaderos de venia caciquil para justificar la militarización y la creación de un nuevo cuartel militar.
6. Michoacán, en la región tierra caliente, desde el 2000 es dominio público que se promovióeimpulsódesdela 43 zona militar con sede en Apatzingán la compra de armamento para que los pobladores de la región para que se “autoprotegieran”, resultado de ello es el paramilitarismo que campea por la región, organizado, estructurado y dirigido por la 43 y 21 zona militar, con sede en Apatzingán y Morelia respectivamente.
De estos seis brevísimos antecedentes podemos constatar que el paramilitarismo y la militarización han estado indisolublemente ligados como dos caras de un mismo fenómeno, la implementación de una política de terrorismo de Estado que obedece a una estrategia de Guerra de Baja Intensidad auspiciada desde las entrañas del imperialismo norteamericano, desde el mismísimo pentágono, para salvaguardar sus intereses, imponiendo a nuestro país su política belicista, convirtiendo a México en apéndice de su territorio, extendiendo sus fronteras hasta Guatemala.
El fenómeno de las policías comunitarias no escapa a esta lógica y realidad, directa o indirectamente está enmarcado dentro del contexto de la militarización y paramilitarización que se le ha venido imponiendo al país como parte de las exigencias de la oligarquía y del imperialismo estadounidense.
No obstante hay quienes sostienen que es “ridículo” comparar las guardias comunitarias con el paramilitarismo, porque según ellos, éstas emergen ante la violencia y extorciones de los “grupos delincuenciales”. Visto desde lo abstracto, desde lejos y de fuera aparentemente sí, pero es ahí precisamente donde está la trampa, ésta radica en que ahora bajo esa modalidad desde las cúpulas castrenses y policiacas se pretende readecuar al paramilitarismo a las nuevas exigencias de la oligarquía.
Para quienes estamos inmersos en el pueblo como parte de él, para quienes estamos lidiando con el toro, es claro el asunto y no mordemos el anzuelo. Para quienes ven los toros desde la barrera, puede que no alcancen a percibir con claridad las “modernas” pretensiones del Estado, pero éstas son fácil de escudriñar cuando se es analítico, un ser pensante y no un sujeto alienado que repite como loro los burdos argumentos que se vierten desde los monopolios de la comunicación.
La táctica contrainsurgente que se impulsa desde las cúpulas castrenses es la de “ganar las mentes y corazones”, la misma vieja táctica de GBI pero ahora readecuada a los “nuevos” tiempos y exigencias de la oligarquía.
Se trata ahora que desde las propias comunidades indígenas, desde las rancherías, y pueblos campesinos se exija la militarización, se implore a los cuerpos castrenses que se instalen ahí para que se les proteja, que se impulsen policías, guardias o rondas comunitarias organizadas, estructuradas y dirigidas por “ex militares”, “ex policías”, “ex marinos” y sean estos policías comunitarios los nuevos cancerberos del capital, los que garanticen la defensa de sus intereses oligárquicos, los que defiendan la inversión en minerías, los que garanticen el proceso de acumulación originaria del capital que se está gestando y el que se encuentra en ciernes con el retorno del PRI a los Pinos.
La lógica es simple, el paramilitarismo extrajurídico les ha sido útil para justificar la militarizaciónyelterrorismode Estado, pero ahora que el PRI ha retornado al poder político, requerirán de cambios cosméticos, institucionalizando el paramilitarismo e incluso elevarlo a rango constitucional para poder financiarlo con presupuesto del erario público, al tiempo que se deshacen de los grupos paramilitares incomodos o que se les están saliendo de control.
El caso Guerrero
Habrá que precisar que algunas comunidades indígenas y campesinas ya se venían rigiendo por esta figura de la Policía Comunitaria desde 1996 como expresión genuina de sus formas de organización, con la característica de que se mantuvieron al margen de la estrategiadecontrainsurgenciay con relativa independencia de los tentáculos del Estado burgués mexicano.
Aquí como en otros estados donde irrumpió públicamente nuestro partido y ejército, el PDPR-EPR en 1996, se implementó una intensa campaña de contrainsurgencia desplegada en varios frentes, a través de los programas gubernamentales, por medio de la infiltración y cooptación de los militantes y combatientes de nuestro partido y ejército, con el paramilitarismo vía el narcotráfico, en fin, por todos los medios, con el propósito de restarle base social y política al movimiento armado revolucionario como primer paso para poder aniquilarlo, en palabras de ellos se trataba de “quitarle el agua al pez donde se mueve” .
Poniendo mayor énfasis en aquellas zonas o regiones donde sospechaban teníamos base política, así costa chica, costa grande y la montaña alta fue el escenario de la militarización y paramilitarización, del despliegue contrainsurgente a través de los programas asistenciales y las fundaciones del falso altruismo.
Resultado de esta política y estrategia de contrainsurgencia fue la dispersión y atomización del movimiento popular, la generalización del paramilitarismo a través del fenómeno del narcotráfico, la acentuación de la pobreza y miseria, desde luego la generalización de la descomposición social expresada en drogadicción, prostitución, violencia, enajenación...
Durante todo este tiempo los asesinatos de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos,departidariosdela revolución, de campesinos, de indígenas, de jornaleros agrícolas, de obreros y periodistas, no cesó, por el contrario se intensificó con la característica de que siempre se trató de justificar los asesinatos y desapariciones forzadas vinculándolas al fenómeno del narcotráfico.
Una vez creado el escenario del fetiche de la inseguridad, afianzado el terrorismo de Estado se pretende ahora institucionalizar al paramilitarismo y la militarización bajo la modalidad de las policías comunitarias, auspiciando este fenómeno desde las cúpulas castrenses, con el claro propósito de restarle legitimidad a las policías comunitarias ya existentes y que no están bajo su control, al tiempo que se institucionaliza el paramilitarismo y la militarización.
El caso de Michoacán
Desde 1996 cuando varias columnas guerrilleras pertenecientes a nuestro partido y ejército hacen acto de presencia en varias regiones del estado como en la meseta p’urhépecha, la depresión del Balsas, la región de tierra caliente, el bajío y la CiénagadeZacapu,lasfuerzas castrenses se han venido empeñando en restarnos base política, en infiltrar a las fuerzas de la revolución, en justificar la militarización, en generalizar la paramilitarización, en fin, en aplicar las tácticas y estrategias contrainsurgentes de GBI.
Para ello se han apoyado ampliamente en el paramilitarismo, auspiciándolo directamente desde la 21 y 43 zona militar con sede en Morelia y Apatzingán respectivamente, fue en la región de tierra caliente donde mayor eco tuvo sus incitaciones al paramilitarismo, en donde lograron concretar una estructura paramilitar que hoy asola a la región con el auspicio y aval del ejército y la marina.
En la región de la meseta p’urhepécha, el bajío y la ciénaga de Zacapu el ejército a través del permutado 37 batallón de infantería instalado en Zamora se creó y estructuró una red de inteligencia y contrainsurgencia con ex militares, tanto oficiales como rasos, para que desde las comunidades donde se encontraban o de donde fueran originarios se informara de toda actividad, desde quienes eran ajenos a la comunidad y la visitaban, hasta quienes subían “al cerro”, “al monte”, de quienes se rumoraba tenían armas, es decir, de todo cuanto a sus ojos les parecía insurgente.
Como en su intento por infiltrar, ubicar y aniquilar a las fuerzas guerrilleras fracasaron estrepitosamente se enfocaron a fortalecer el paramilitarismo, es así como a finales de la primer década de este siglo tiene un repunte el paramilitarismo en el estado, orientado a generalizar el
terrorismo de Estado, a desestabilizar a las administraciones perredistas que gobernaban el estado, en una palabraaimplantarelterrorenla población, para que esta avale y legitime la militarización.
Principalmente los oficiales con grado de teniente hasta capitán fueron los que se enrolaron, o aceptaron de buena gana ser parte de esa red de inteligencia y contrainsurgencia que opera por regiones según el caso y la necesidad que tengan que resolver. Sujetos desclasados que suelen vivir sin trabajar, sin un trabajo verdaderamente productivo.
En la región de la meseta p’urhépecha para crear un escenario de inestabilidad se apoyaron en gente descompuesta y avariciosa que se prestó para ser parte del engranaje del paramilitarismo, a quienes después el propio ejército directa o indirectamente se encargó y se encargará de eliminar físicamente cuando ya no les fueron o les sean útiles.
Es el caso del “afamado” y “temido” Güero Cuitláhuac y su hijo “Benjamín” a quienes el ejército desde el 37 batallón de infantería patrocinó para que asolaran Paracho, Cherán, Nahuatzen y la cañada de los once pueblos, y cuando estos sujetos ya no les fueron útiles los asesinaron, el primero a través de otros sujetos descompuestos que hoy son parte de las guardias comunitarias que piden se instalen bases de operaciones mixtas y cuarteles del ejército en la meseta P’urhépecha, el segundo directamente el propio ejército lo sacó de su casa para asesinarlo y dejar su cuerpo abandonado sobre la carretera, como hacen con muchos de los que aparecen como “ajuste de cuentas” entre carteles de la droga, sin embargo, constituyen asesinatos extrajudiciales, ¡Crímenes de lesa humanidad!
Paralelamente se fue trabajando lo de las guardias o policías comunitarias a través de ex oficiales del ejército quienes regresaron a sus comunidades a “sumarse” a los trabajos comunitarios, a realizar “trabajo comunitario”, a estar incitando a formar las guardias o rondas comunitarias, a promover la venta de armamento para la “defensa” de las comunidades indígenas.
Así es como surgen las policías o guardias comunitarias en Michoacán, organizadas, estructuradas, instruidas y dirigidas por ex oficiales militares con grado de teniente y capitán, verbigracia Cherán, “El tachiri” es quien adiestró y dirige operativamente a la policía comunitaria, un ex capitán del ejército que rendía parte al 37 batallóndeinfanteríainstaladoen Zamora, y permutado por el 17 que llegó de Tabasco al está adscrito, sujeto mantenido a bajo perfil en el Consejo de Keris (Consejo de Ancianos). El objetivo siempre ha sido desmovilizar la protesta en la meseta p’hurépecha.
Como vemos las policías o guardias comunitarias tienen patente y origen de Estado, a ello obedece que las “comunidades” que repudiaban la militarización ahora paradójicamente piden que se instalen las bases de operaciones mixtas, que se instalen cuarteles militares en sus comunidades, que exijan la militarización de sus territorios, que le impongan a las demás comunidades la militarización. A esta lógica obedecen las exigencias de que se “regulen” las guardias comunitarias.
En otros municipios de la meseta y el oriente donde pretenden concretar policías comunitarias también está detrás el ejército a través de “ex capitanes” o dicho en otras palabras capitanes en activo porque aunque “formalmente” se dieron de baja siguen trabajando para el ejército federal y en la nómina.
En la región de tierra caliente como no estaban ellos, los militares, detrás de las guardias comunitarias de la Ruana, procedieron inmediatamente a su detención y consignación bajo los cargos de portación de armas de uso exclusivo del ejército, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, delincuencia organizada y lo que resulte.
Más allá de si pertenecen o no a un “cártel de las drogas”, o si son una manifestación genuina del hartazgo social, claro está que estas guardias comunitarias no eran de la estirpe castrense, por eso inmediatamente los detuvieron. También claro está que a quienes se pretende criminalizar se les presenta como narcotraficantes, sicarios de tal o cual cartel de la droga y con ello inmediatamente son juzgados tanto mediática, política y jurídicamente violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia.
A manera de conclusión
La militarización y la paramilitarización constituyen parte de una misma estrategia de contrainsurgencia encaminada a legitimarelterrorismodeEstado y la aplicación de medidas de corte fascista; son la expresión del grado de polarización de la lucha de clases que se vive en el país, dentro de este contexto es que han surgido y resurgido las guardias, policías o rondas comunitarias en el plano nacional, con un doble propósito y pretensión, institucionalizar al paramilitarismo y legitimar la militarización.
No obstante como los fenómenos sociales siempre son complejos y nunca se puede generalizar, ciertamente hay manifestaciones de hartazgo social que impregnados por el espontaneísmo han querido organizar y estructurar sus propias guardias comunitarias, pero inmediatamente han sido hostigados, amenazados y hasta desaparecidos sus dirigentes directamente por el ejército y la marina, quedando de manifiesto que sólo aquellas que están orgánicamente vinculadas a los cuerpos castrenses y a los grupos empresariales serán permitidas, quienes no estén sujetas a sus directrices serán detenidas, enjuiciadas, encarceladas, o desaparecidas a modo de escarmiento, como quedó plenamente de manifiesto con la detención de la guardia comunitaria de Buenavista Tomatlan y Tepalcatepec en Michoacán.
Entonces ¿Cuál es la alternativa o ruta a seguir? Es válida y legítima la autodefensa de las masas, de las comunidades ypueblos,peroéstadebeestar absolutamente desvinculada de las estructuras gubernamentales, absolutamente independiente del Estado burgués y del actual estado de derecho oligárquico. La autodefensa armada de las masas debe ser impulsada pero no desde una perspectiva mediática, sino desde un proceso real de autodeterminación, de verdadera autodefensa.
Cabe aclarar que grupos de “defensa civil” o guardias comunitarias o como se les quiera llamar no tiene nada que ver con el planteamiento político que hacemos para enfrentar la violencia del Estado, la autodefensa de las masas trabajadoras, ésta constituye un conjunto de medidas políticas que garanticen la autoprotección individual y colectiva del pueblo. Pero esto es tema de otro artículo.
(Tomado de http://www.cedema.org/uploads/PDPREPRINS146.pdf )
