Pese a los diálogos de paz que se adelantan en Cuba, la Farc siguió reclutando menores, sembrando minas anti personales, secuestrando a civiles, cometiendo numerosas ejecuciones extrajudiciales entre muchos otros crímenes.
Eso, en parte, dice el último reporte sobre la situación de Derechos Humanos en el país que fue publicado este jueves por el Departamento de Estado.
De acuerdo con el informe, durante el 2014 también hubo reportes de nuevas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública y se afirma que los principales problemas de Colombia a lo largo de ese año fueron la impunidad, la ineficiencia del sistema judicial, el desplazamiento forzoso, la corrupción y la discriminación social.
Según el reporte, los grupos guerrilleros de las Farc y el Eln, pero primordialmente las Farc, habrían secuestrado a por lo menos 36 personas y seguían exigiendo pagos por su liberación.
Así mismo, sostiene que, según datos del Gobierno, serían responsables de la muerte de 27 personas y 161 heridos que fueron víctimas de minas anti personales entre enero y agosto de 2014. Entre ellos, 30 eran niños o adolescentes.
Dice a su vez que ambos grupos continuaron con la práctica de reclutar a menores de edad y citan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando dice que el promedio de edad del reclutamiento es de 12 años.
"Los asesinatos políticos y asesinatos ilegales siguieron siendo un problema muy serio, y se presentaron varios reportes de que miembros de las Fuerzas de Seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales en conexión con el conflicto armado", asegura el reporte.
El Departamento de Estado dice que hasta julio del año pasado la Fiscalía había reportado 32 nuevos casos de supuestos homicidios agravados cometidos por agentes del Estado y se había acusado a 147 miembros de las fuerzas de seguridad por homicidios de civiles.
También cita a la ONU para decir que durante el año pasado se presentaron menos reportes de militares presentando a civiles como bajas en combate, pero que se investigaba 11 casos que podían encajar en esta categoría.
El reporte también menciona datos de Cinep, según los cuales hasta julio se habían documentado 9 ejecuciones extrajudiciales (4 atribuidas a miembros del Ejército 4 a la Policía y una a empleados del Inpec).
De acuerdo con el Departamento de Estado, en investigaciones del gobierno, al igual que reportes de ONG, se acusó a miembros activos de las fuerzas de seguridad por colaborar con grupos criminales.
Según datos de la Fiscalía, dice el Departamento de Estado, entre enero y julio del año pasado se arrestó a 41 personas por vínculos con el clan Úsuga. Y mencionan el arresto, el 5 de julio, del jefe de los Rastrojos, Danny Julián Quintana, quien supuestamente había evadido a la justicia gracias al apoyo de miembros de la Policía.
Aunque el informe destaca cómo el Gobierno ha procurado más recursos para la investigación de estos casos y otras violaciones de derechos humanos, las investigaciones avanzaron con lentitud y se presentaron múltiples obstáculos.
Dice, a su vez, que la situación de miles de exparamilitares seguía en el limbo, pues la Fiscalía carece de recursos para procesar los casos y cuestiona el poco dinero y tierras que se les ha podido confiscar a los jefes paras.